Revolución, porno y censura
Durante el mes de Julio hubo tres protestas en contra del gobierno (#17J,#22J,#27J) que tuvieron como característica común haberse iniciado y divulgado usando las redes sociales. En el resto del mundo hay ejemplos similares con los que ,por compartir esta característica, se nos ha intentando emparentar: Indignados en España, Occupy Wall Street en EE.UU. o la Primavera Árabe en el norte de África y medio oriente.
Estas movilizaciones ciudadanas lograron gran poder de convocatoria y la capacidad de llamar la atención de los medios tradicionales porque aprovecharon al máximo las nuevas tecnologías de la información con auténtico espíritu DIY (do it yourself) o hazlo tú mismo. El soporte, internet, lo permitía y muchos países entendieron que era momento de poner ciertas barreras y reglas de juego para el beneficio de sus propios intereses.
Desde entonces, se ha buscado la forma de “regular” la información que se comparte en internet y el acceso a contenidos. ¿alguna forma “legal de hacerlo”?: tratados comerciales plurilaterales que se negocian a espaldas de la ciudadanía (por ejemplo,ACTA y SOPA o TPP en Perú). Las razones que se dan ante la opinión pública son más de una. En la mayoría de los casos se apela a la defensa de los derechos de autor y combatir la piratería. O por lo menos esa es la impresión que nos quieren dar esos países “democráticos”.
Así mismo, en países abiertamente más conservadores la regulación de internet se justifica con excusas morales que colindan abiertamente con el fanatismo. La dictadura o los gobiernos autoritarios son recurrentes en estos lugares así como también las profundas desigualdades sociales y corrupción. En el fondo, la verdadera razón sigue siendo la misma que encubren otros países: control.
En el Perú hay un nuevo proyecto de ley impulsado por el congresista oficialista Omar Chehade. En el documento se explica la necesidad de proteger a los niños peruanos del abundante material pornográfico que hay en la red. No cabe duda de que los menores de edad no pueden ser expuestos a material sensible. Sin embargo, los métodos que se plantean sugieren más bien un nuevo intento por controlar, limitar o incluso anular la libertad de expresión. Todo esto cuando el olor a gas lacrimógeno aun sigue en el aire.
Autor: Juan Vargas
