¡Qué tal Chacón!

Con escenas de emoción en el Congreso de la República, la legisladora fujimorista Cecilia Chacón celebró la anulación de su condena de 3 años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil ascendente a dos millones de soles. La resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sostiene que:

“De la lectura de todo el expediente no se advierte resolución alguna del fiscal de la Nación que haya subsanado o convalidado lo realizado por el fiscal provincial penal especializado. Siendo así, procede amparar lo planteado por la defensa de la procesada Chacón de Vettori en cuanto al incumplimiento de un requisito de procedibilidad”, señala la resolución, cuya decisión ya había sido tomada en septiembre de 2014, pero que recién se he hecho pública medio año después.

Un momentito, pero esos jueces no eran…

Sí. Son los mismos que han fallado favorablemente en varios casos ligados a Fujimori y Montesinos. Cuatro de los cinco jueces que firmaron la anulación de condena a Chacón, han estado, de algún modo viculados, como bien apunta la agencia Spacio Libre:

Los magistrados que emitieron polémicas resoluciones son Josué Pariona Pastrana, Segundo Baltazar Morales Parraguez, José Antonio Neyra Flores y Luis Cevallos Vegas. Uno de ellos, incluso, fue vinculado con la red judicial de Vladimiro Montesinos.

En julio de 2012, el Consejo Nacional de la Magistratura abrió investigación preliminar a un puñado de jueces supremos, entre ellos Pariona Pastrana y Morales Parraguez.

La medida, que fue respaldada por votación unánime de los miembros del CNM, giró en torno a un escandaloso fallo: la rebaja de la pena a los miembros del Grupo Colina y la anulación de los delitos de lesa humanidad en los crímenes de Barrios Altos, El Santa y el periodista Pedro Yauri.

Neyra Flores fue uno de los vocales elegidos a dedo por la extinta Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, que dirigía el comandante José Dellepiane, entre 1998 y 2000, para presidir la Corte del Cono Norte.

Este magistrado fue quien nombró a Robinson Gonzales Campos como vocal superior suplente de ese distrito judicial, y, además, declaró prescrito el juicio contra Andrónico Luksic, dueño de la empresa Lucchetti.

En 2005, Montesinos aseguró que Luksic donó 2 millones de dólares para la campaña de Fujimori en 2000.

 

 

Pero eso no es todo. La resolción sienta un precedente perligroso en la lucha anticorrupción como ya han apuntado algunos juristas, como Ronald Gamarra, ex procurador:

Esto es grave no solo porque anula todo el pro­ceso contra la congresista y echa al traste 14 años de investigación judicial, sino también porque le da argumentos a su familia que está procesada en otro juicio para aplicar el mismo argumento y anu­lar todo. Otros procesados por enriquecimiento ilí­cito pueden invocar este precedente y solicitar una revisión de su sentencia.

Tan mal todo, que Carlos Tapia tuvo que rectificar su posición inicial:

Y eso que en su momento Villa Stein, el juez tuitero hater, se inhibió. ¿Qué más hubiera pasado si no lo hacía?

Esto no ha terminado

Pero, frente a todo esto, el procurador anticorrupción, Joel Segura, advirtió que no habría que celebrar tanto y pidió que se revise la resolución que anula el proceso:

“No hay que celebrar tanto, el asunto no ha terminado. Se ha pedido que se revise esta resolución, porque ha sido evidente los vicios en que se ha incurrido, y espero puedan corregir esta situación. Es un proceso que ha tenido tiempo y la preocupación de la Procuraduría es que este caso de una vez se defina”, dijo en declaraciones a Ideeleradio.

Chechi, yo que tú me calmo nomás.

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