Narcocandidatos en la mira
La presencia de narcocandidatos en la campaña electoral para los comicios de octubre pone nuevamente en la mesa de debate la necesidad de cambiar las reglas del juego.
La presidenta de Proetica, Cecilia Blondet, ha señalado que ante el gran número de postulantes con antecedentes y hasta condenas vigentes, urge cambiar la ley electoral para tener aspirantes políticos de mejor nivel.
“Estamos ante un momento clave y debemos dar un paso más allá para tener un mejor y más exigente marco normativo”.
Estos cambios pueden incluir penas legales para los propios partidos que a cambio de cupos irresponsablemente alberguen a personas cuestionables en sus listas. Según Blondet, esta tarea deberían hacerla especialistas legales y el Jurado Nacional de Elecciones, con apoyo del Congreso para su aprobación.
“Sucede muchas veces que en el Parlamento se tiene claro los cambios que se deben hacer pero no quieren hacerlo porque están cómodos con una legislación que por un lado es ambigua y laxa”.
Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, tiene una idea similar sobre la sanción a los partidos políticos que tengan militantes o candidatos que hayan cometido delitos graves.
“¿Cuál es la responsabilidad del partido cuando uno de sus militantes una vez que es autoridad elegida comete un delito grave como peculado, narcotráfico? ¿Si se encuentra un candidato en este tipo de delitos cuál es la sanción para el partido? Es un tema que hay que ponerlo en discusión”.
La publicidad del sr. Cacha puede ser fea, pero mil veces peor es que el JNE no revise qué clase de prontuariados son candidatos, ¿no??
— Eduardo Adrianzén (@AdrianzenEduard) agosto 9, 2014
En la esquina contraria, Martha Chávez cree que los partidos deben ser financiados por el Estado, como señala la Ley de Partidos Políticos, para evitar que dinero lavado o del narcotráfico o se filtre en las campañas. También considera necesario tachar a quienes no cumplen con sus responsabilidades familiares y a los que falsean u omiten información en sus hojas de vida.
Nosotros no estamos muy de acuerdo con que nuestros impuestos se destinen a grupos como el Apra o el fujimorismo.
¿A algunos partidos no les basta con lo que cobran por inscripción en lista?, ¿no sería mejor que haya mayor fiscalización y que estemos mejor informados sobre los candidatos?
En mayo se firmó un convenio entre el Poder Judicial y el JNE para que el ente electoral pueda acceder a la base de datos del Registro Nacional de Condenas y al Módulo de Antecedentes Penales. ¿Está dando resultados?
PJ y @JNE_Peru suscribirán mañana convenio, por el cual se les dará información relacionada con los antecedentes penales de los candidatos
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) Mayo 29, 2014
Además ya existe un proyecto de Ley de Partidos Políticos presentado por los organismos electorales al Congreso, pero parece que falta voluntad para ponerlo en agenda y que sea debatido.
Y si hablamos de cifras, el ministro del Interior, Daniel Urresti, confirmó ayer que entregaría al JNE una lista de más de 100 posibles narcocandidatos.
“Esta información no se mandará por mesa de partes. La relación la entregaré al representante del JNE de manera reservada y directa, en un acto que se realizará en el Ministerio del Interior”.
Según datos de Transparencia y Verita, en los procesos electorales del 5 de octubre, de los casi 116 mil candidatos que pretenden ocupar un cargo público, 1395 tienen condenas penales y civiles. De acuerdo con el JNE, 218 serán tachados por presentar condenas vigentes y no consignarlo en sus datos oficiales.
De este grupo, 871 tienen sentencias por juicios de alimentos, y 113 por peculado. Como si eso fuera poco, hay 13 postulantes que fueron condenados por narcotráfico, ocho por homicidio, tres por violación y cinco por terrorismo.
¿Esta clase política será fruto de la pacificación y estabilidad lograda por el Gobierno del expresidente Alberto Fujimori? No estamos seguros de ello, pero sí de que es necesario acabar con la situación actual.
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Autor: Christian Rivera
