La "Centralita", los fiscales y César Álvarez

Tuvo que morir Ezequiel Nolasco, víctima de bárbaros sicarios movidos por las oscuras fuerzas políticas que imperan en la región Ancash, para que todo el Perú mirara hacia ese lado, el de la ciudad pesquera, el callejón de Huaylas y por supuesto, el canon minero. Solo de esta manera, la familia de Nolasco, encabezada por su aguerrida hija Fiorela logró lo que tantas veces fue negado a su padre, protección policial:

El ministro del Interior, Walter Albán, dispuso que la Policía Nacional brinde seguridad a Fiorella Nolasco, hija del asesinado ex consejero regional Ezequiel Nolasco, quien denunció haber recibido amenazas después de que asesinarán a su padre. Los policías a cargo de esta tarea serán enviados desde Lima a Chimbote y se pondrán a disposición de Fiorella Nolasco. Albán, quien recibió anoche a los deudos del político ancashino, señaló su firme decisión de su sector de impulsar una investigación a fondo que aclare el crimen.

La centralita

Ya habíamos contado en un reportaje lo que está pasando en la región, pero los últimos acontecimientos solo son la punta de un gran iceberg de corrupción y malos mal más alto nivel. El caso lo reseña La República:

Los expectoraron por cumplir con su trabajo: investigar el poder corrupto en Chimbote. César Jiménez Rodríguez y Javier Estrada Rodríguez, coordinador e integrante de la Fiscalía Anticorrupción del Santa, respectivamente, acogieron una denuncia sobre la existencia de un “centro de espionaje telefónico” en un inmueble donde funcionaba la productora de Martín Belaunde Lossio y donde el congresista Heriberto Benites Rivas alquilaba un departamento. Tanto Belaunde como Benites son allegados al presidente de la Región Áncash, César Álvarez Aguilar.

Siete días después de allanar el establecimiento conocido como “La Centralita”, César Jiménez y Javier Estrada, y dos fiscales más que fueron parte del caso, Christian Aceijas Silva y Miguel Vilca Zavala, fueron despedidos por el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. ¿El motivo? Supuestamente violaron los derechos de los investigados.

La semana pasada en Chimbote pudimos conversar con uno de los fiscales involucrados en el caso, Javier Estrada.

Y por su parte el Congreso de la República, con las artes más oscuras del operador político de César Álvarez, Heriberto Benítez, archivó las denuncias.

¿Cuántos más tienen que morir?