Institucionalidad en crisis
La “santa” paciencia o negligencia del Congreso por dejar pasar tantos años sin nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) quizá hoy recoja sus frutos. Esta semana, en medio del barullo generado por las confesiones de Nadine Heredia, se generaba una guerra entre el TC y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Recordemos que el CNM se encarga de nombrar y ratificar jueces y fiscales, mientras que el TC, protege y defiende los derechos constitucionales de los ciudadanos. Sin embargo, el miércoles 30 de abril, el TC asumió las funciones del CNM y nombró a Mateo Castañeda como Fiscal Supremo. La resolución fue firmada por tres magistrados (Eto, Alvarez, Mesía) todos con mandato vencido y vinculados – según el oficialismo – con el partido aprista.
Un lío por injerencia de funciones. Ahora, ni el TC ni el CNM tienen intenciones de ceder en sus respectivas posiciones, y ambas han iniciado una guerra de acusaciones y denuncias.
“El TC ha usurpado funciones y este lunes nosotros presentaremos la denuncia ante el Ministerio Público y el Congreso de la República”, dijo Pablo Talavera, presidente del CNM.
Talavera consideró a la sentencia como un golpe de Estado no solo contra el Consejo Nacional de la Magistratura sino contra otras instituciones, pues ha ordenado que se habilite plazas y presupuestos cuando esa no es función del TC.
De otro lado, Gerardo Eto, magistrado del TC, defendió la decisión y dijo que las quejas del CNM responden a una conducta “contumaz”.
“El CNM no quiso cumplir el mandato del TC que le exigía cubrir una plaza de fiscal supremo que había quedado vacante entre los postulantes Mateo Castañeda y César Hinostroza”
Finalmente, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y exministro de Justicia, Diego García-Sayán, consideró que debería existir una rectificación para no generar un mal precedente, pues esto abriría las puertas al TC para que pueda nombrar en el futuro a jueces o embajadores, si supone que no se ha seguido el procedimiento correspondiente.
Sin embargo, señaló que no iba a recurrir a calificaciones alarmantes, como quienes consideran que esto es un golpe de Estado; pero sí anotó que acciones semejantes implican la responsabilidad del Congreso para que proceda a elegir a los miembros del nuevo tribunal.
¡Ojo al piojo! Según García –Sayán la situación del nuevo fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, no corre peligro pues la propia sentencia del TC señala que si bien se anula el nombramiento de Ávalos y Miraval, sus resoluciones y actos quedan firmes.
