Danilo Silva, el “narco” que pone en aprietos al fujimorismo y al Apra

Como revelamos ayer, el ex presidente Alan García otorgó la conmutación de pena a Danilo Silva Sánchez antes de que éste la hubiera solicitado.

Ojo al piojo da detalles de la sentencia que, en diciembre de 2003, dictó el Poder Judicial condenando a Silva Sánchez a 15 años de prisión. El expediente demuestra que era mucho más que un simple chofer y que – contrario a lo que han dicho los defensores del ex presidente – trató de obstaculizar la acción judicial.

Daniel Silva hacía campaña por Fuerza Popular hasta horas antes de ser capturado con 500 kilos de droga. Fuente: Facebook.

 

1.- CONTACTO EN ESTADOS UNIDOS

Danilo Conrado Silva Sánchez no era un desconocido de los asuntos policiales, la primera vez que se le detuvo con droga en 2001.  Aunque, en el Perú podía figurar como primario, ya había sufrido prisión en Estados Unidos. Así lo confesó ante la policía.

Silva Sánchez conoció a (a) David Barraza Sánchez (mexicano que lideró la operación delictiva en el Perú) cuando coincidieron ambos en una cárcel de Ohio.

Ojo al piojo intentó verificar en los registros públicos de Estados Unidos el período y el motivo por el que Silva Sánchez purgó prisión en ese país. Sin embargo, esta información no ha sido posible al existir 29 registros de detenidos en el Estado de Ohio bajo el nombre de “Danilo Silva”. El detalle de cada uno de esos registros no es de acceso público.

Lo que sí confirmó el juzgado que los condenó, (a) David Barraza purgó prisión en norteamericana por temas de narcotráfico, información que era conocida por Danilo Silva cuando entabló amistad con el mexicano.

2.- LA ORGANIZACIÓN DELICTIVA

Aunque la noticia se ha centrado en la reincidencia de Danilo Silva (por sus vínculos con el candidato de Fuerza Popular), lo cierto es que el 2001 él formó parte de una organización criminal que se dedicó a la producción en nuestro territorio de clorhidrato de cocaína para exportarlo a México y Europa. 

De la información contenida en la sentencia podríamos resumir así las actividades y roles dentro de la organización:

Ojo al piojo - red

De acuerdo a la sentencia, Barraza Sánchez fue encomendado por Andrés Tapia López para adquirir 25 kilos de clorhidrato de cocaína en el Perú.

A mediados de 2000, Barraza Sánchez inició sus operaciones en el Perú. Primero, contactó a Carlos Cornejo Almendrades quien – luego de varios incumplimientos – le entregó un total de 80 kilos de pasta básica, por lo que decidió montar laboratorios para convertir la droga. Ahí contó con la colaboración de Samuel Príncipe Jaimes y José Rosell Alfaro, que, además habrían apoyado las operaciones de los laboratorios. Silva Sánchez fue contactado por su amigo Barraza Sánchez en noviembre de 2000.

Las operaciones implicaron viajes a Tingo María con el fin de obtener los insumos químicos y materia prima para el procesamiento de la droga. Además, se ubicaron 2 laboratorios de droga, armas, libros impregnados con droga listos para ser exportados.

3.- NO ERA UN SIMPLE CHOFER

Danilo Silva Sánchez fue contactado por su ex compañero de prisión, David Barraza Sánchez en noviembre de 2000, según sus propias declaraciones.

Aunque pretendió señalar que sólo fue su chofer, las investigaciones judiciales permitieron determinar que Silva Sánchez fue intermediario para varias operaciones comerciales.

Pese a sus intentos, la justicia comprobó que Silva era más que un chofer en la banda desarticulada el 2001.

Fue él quien alquiló el inmueble en el que se alojó el mexicano David Barraza Sánchez. Así lo confirmó el testimonio de la propietaria del inmueble.

Silva Sánchez “compró las cajas de cartón, las que iban a ser utilizadas para sacar al extranjero de la droga producida”, indica la sentencia. También se encargó de reproducir los libros en los que se impregnó la droga.

Danilo Silva Sánchez, además, alquiló el Fundo Tusan. Justamente, aquel en que la policía encontró los 2 laboratorios de procesamiento de cocaína. Sus propios compañeros reconocieron ante la policía – aunque después quisieron negar sus declaraciones – que Silva Sánchez era uno de los que tenía acceso a los laboratorios.

La confianza que el mexicano le tenía a Silva Sánchez era tal que – aunque después quiso desmentirse – éste reconoció ante la policía que Barraza Sánchez coordinó los viajes a Tingo María para adquisición de droga e insumos químicos delante suyo.

Incluso, le confesó a las autoridades que decidió continuar laborando para la banda – pese a conocer  que se dedicaban al narcotráfico – a cambio de un “pago mensual y en dólares.”

4.- OBSTÁCULIZANDO LA LABOR JUDICIAL

Danilo Silva no ayudó a desbaratar la organización criminal, como señala el ex presidente Alan García en una nota de prensa.

Para empezar, en la sentencia no se le consigna como colaborador eficaz ni mucho menos. El documento explícitamente indica que Silva Sánchez cambió de versiones, quiso desconocer ante la autoridad judicial sus confesiones ante la policía.

Y su detención fue resultado de operaciones de inteligencia de las fuerzas del orden que habían detectado las actividades ilícitas.

Aunque a la policía reconoció que sabía que sus “jefes” se dedicaban al narcotráfico y que aceptó continuar laborando con ellos a cambio de un pago mensual. Ante las autoridades judiciales impugnó el Atestado Policial que dio origen al proceso y afirmó ser desconocer las acciones delictivas.

Sus “jefes” lo respaldaron. Extrañamente, el mexicano Barraza Sánchez y Príncipe Jaimes reconocieron haber actuado ilícitamente, pero afirmaron haberlo hecho solos. Libraron de responsabilidad alguna a sus co-procesados, incluyendo a Silva Sánchez. El objetivo era librarse de la sentencia por la modalidad agravada de narcotráfico. 

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LA SENTENCIA

Pese a los intentos de Silva Sánchez por librarse de las imputaciones, las pruebas en su contra eran suficientes. Por eso, el 3 de diciembre de 2003 se le condenó a 15 años de prisión, lo que fue ratificado  un año después por la Corte Suprema.

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Toda esta información formaba (o debía formar)  parte del expediente para la conmutación de pena – que se aprobó el 10 de noviembre de 2008 y se concretó en una resolución suprema de enero de 2009 -. Esos son los riesgos de aprobar una gracia presidencial 15 días antes de que el reo la solicite y sin contar con toda la documentación ¿no?

Autor: Redacción Ojo al Piojo

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