Chavín de Huantar, 18 años después II

(Algunas extractos del reportaje «Operación Chavín de Huantar» del programa Punto Final)

La muerte de Eduardo Cruz Sanchez (a) Tito, hasta la fecha es un gran misterio.

Aquí, la versión de los suboficiales Raúl Robles Reinoso y Marcial Torres Arteaga

Raúl Robles Reinoso:

“Él está saliendo con el rehén, sujetado ambos del brazos, sale diciendo soy un rehén, soy un rehén, cuando haba reconocen que no es rehén. Entonces, el se abalanza, podemos hablar, tengo dinero, por favor no me hagan daño, no me maten.”

Marcial Torres Arteaga: “Procedimos a reducirlo y atarlo en sus manos, en la parte de atrás, porque trató de oponer resistencia.”

“Tratamos de comunicarnos con el comandante Samudio, al cabo de unos momentos nos respondió y nos dijo que esperáramos en la posición, al cabo de unos minutos entro un comando que salió de los túneles y dice que el señor este, vino a llevarse al emerretista y lo introdujo de nuevo a la residencia.”

Se dice que a Tito se le encontró una granada en la mano, pero Robles Reinoso afirmó todo lo contrario.

“Se le revisó todo, debajo de la camisa, el pantalón, la entrepierna, los testículos, por si de repente tenía un arma punzocortante o un arma de fuego, pero no tenía nada, ni un alfiler.”

Ambos declararon ante la justicia, que todo fue grabado por Manuel Túllume -¿y quién es él? Es el que acompañó a tu tío Vladi, cuando este huyó a Panamá–

En el 97, Vladimiro Montesinos hizo que el SIN ingrese a la residencia que fue rescatada (dos días antes que lo haga la DIRCOTE), todo estaba revuelto, lleno de basura acumulada y pintas en las paredes. La policía encontró así el lugar, pero recalcó que primero estuvo el SIN.

Héroes no heróicos

En el 2002, el fiscal Richard Saavedra formuló una denuncia ante el Juzgado Penal Especializada, que hasta los días de hoy, tiene controversiales investigaciones y resoluciones.

Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en aquellos años declaró:

“Que es cierto que estaban cometiendo un crimen, sí. Todos los emerretistas estaban cometiendo un delito atroz, que era el secuestro. Que estaban enrolados, que estaban formando parte de las filas de un movimiento terrorista del cual merece todo nuestro repudio, por supuesto. Pero un estado democrático no puede responder con las mismas armas a los criminales, si ellos están cometiendo un crimen, se les detiene, se les juzga y se les sanciona con toda la rigurosidad de la ley. Pero un estado no se puede rebajarse al mismo nivel que los terroristas.”

También se encuentra la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano por estas supuestas ejecuciones extraoficiales. La CIDH dice que el Estado peruano no ha ejecutado una investigación efectiva y diligente de los hechos. Cabe indicar que dijeron que no se iban a pronunciar contra ningún comando Chavín de Huantar.

Se dice que los terroristas tuvieron chalecos antibalas y que por esta razón recibieron los balazos en la nuca, sin embargo en las fotografías que se mostraron en aquel año, ninguno de los cadáveres tenía chaleco alguno.

Gloria Cano se refirió:

“No puedes aceptar que unas fuerzas del orden, luego de detener a una persona, en este caso un emerretista, mañana o pasado un ladrón de bancos, pasado mañana un sospechoso de A o B o Z sea ejecutado luego de ser capturado. Esos son puntos que la sociedad no debiera transigir, son cuestiones de principios, y a mí me llama mucho la atención que a veces señalan -pero era terrorista-, si pues, era terrorista, había cometido un crimen. Pero tenía que ser juzgado y sancionado, pero no ejecutado extrajudicialmente.”

Larga vida y gloria a nuestros valerosos comandos, por supuesto que sí. Pero no a los que fueron directamente responsables de estas ejecuciones sin derecho a juicio. El estado mismo los desprotegió, como bien apunta José Alejandro Godoy (te recomendamos leer el post completo):

De hecho, durante varios años, algunas voces hemos reclamado porque, antes que el caso sea sentenciado por la Corte Interamericana, el Ministerio Público realice una investigación en el fuero común a los comandos en un plazo razonable y que sobresea el caso por falta de pruebas en su contra. Han pasado tres años desde que enunciamos esta posibilidad, tiempo más que suficiente para haber resuelto lo que, en algunos meses, se convertirá en un problema de interés nacional. Con ello, el Estado hubiera resuelto el punto «b» (Procesamiento en el fuero militar de los comandos) y solo hubiera sido condenado por el punto «a» (ejecución extrajudicial de «Tito»), imposible de salvar a la luz de los hechos.

Así las cosas debemos tener claridad para analizar este hecho acaecido en nuestra historia reciente. El mal actuar de ciertos personajes ligados al SIN de Montesinos que ensombrecieron la valerosa gesta de los comandos de la operación Chavín de Huantar.

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