¿Dónde están los culpables?

Como si nos remontáramos a los desastrosos años de la Guerra Interna, la tortura y muerte de inocentes a manos del Ejército y el silencio cómplice del Gobierno, vuelven a ser noticia en nuestro país.

Desde meses atrás, pobladores de la comunidad de Uchuy Sihuis, distrito de Tintay Punco en la provincia huancavelicana de Tayacaja, denuncian la muerte de una gestante y la violación de Derechos Humanos por parte del Ejército. Prácticamente el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, no sabe, no opina.

Durante la madrugada del 23 de mayo, un grupo de 25 militares llegó al poblado realizando disparos tras recibir supuesta información de que Jorge Quispe Palomino, “Camarada Raúl”, y más líderes senderistas se encontraban en el lugar.

En esta irresponsable “operación antiterrorista” que no había sido autorizada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Olinda García Huaroc, gestante de siete meses, falleció de un balazo en la cabeza dentro de su domicilio.

Al darse cuenta del hecho, la patrulla habría simulado una emboscada subversiva, detuvo a cinco hombres inocentes y los torturaron para que se declaren terroristas. Y así fueron presentados, agregando que dos militares resultaron heridos y se halló propaganda senderista.

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Víctimas del montaje de las “Fuerzas del orden”. Foto: El Comercio.

Las autoridades locales y pobladores negaron la versión oficial y denunciaron estos hechos, logrando que las víctimas sean liberadas tras dos semanas, amparados en las investigaciones del Ministerio Público. Ahora exigen que comisión investigadora determine y sancione a los responsables.

Hasta ahora, Cateriano apenas se ha pronunciado para confirmar el relevo, como medida preliminar, del general EP Leonardo Longa, jefe del Comando Especial del Vraem, por su presunta responsabilidad.

Sin embargo, quien condujo la operación fue el jefe de la 31ª Brigada de Infantería del Ejército, general EP Marino Ambía Vivanco, a pesar de ello continúa en el cargo. Su culpabilidad es evaluada por el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo, Carlos Carhuancho Mucha.

Manteniendo perfil bajo, el ministro de defensa dice haber solicitado al general Leonel Cabrera Pino, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, una investigación para determinar culpas.

Para estas declaraciones le han tenido que jalar la lengua, porque, en su aparente falta de voluntad,  aún no se dirige a la opinión pública y mucho menos a los afectados, ni toma más medidas y más bien pide que no se hagan comparaciones con el régimen fujimorista.

No es comparable la situación con el pasado. El presidente Humala no ha dado un golpe de Estado; no ha destituido al fiscal de la Nación; no ha nombrado a dedo a un fiscal; ahora estamos en plena democracia”.

También vivíamos en “democracia”, cuando sucedió la masacre de Cayara, durante el primer gobierno de Alan García, gestión a la cual Cateriano no ahorra adjetivos cuando critica, y con razón. Ahora le pedimos consecuencia, ministro.

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