#HagaAlgoSeñoraVillarán

La alcaldesa Susana Villarán seguirá encontrando más piedras en su camino a la reelección.

Ya presentó la flota de buses que operarán desde el 26 de julio en el corredor vial Tacna-Garcilaso-Arequipa, como parte de la llamada Reforma del Transporte, pero no todos están contentos con ello.

La Municipalidad del Callao, como si de una causa propia se tratara, amenazó con detener la circulación en su jurisdicción de 60 rutas autorizadas por Lima, si se impide que 13 empresas chalacas vayan por el nuevo corredor, como está planeado.

El gerente de Transporte Urbano del Callao, Miguel Gonzales, dijo que las empresas afectadas presentarán recursos legales para mantener sus rutas habituales, y que el Municipio chalaco irá hasta los tribunales arbitrales para que se respeten los permisos que otorga.

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¿También defiende los permisos que da la cuestionada empresa Orión?

Por su parte, el encargado de la Gerencia de Transportes de Lima, Héctor Rubio, dijo que harán caso omiso a las amenazas y que Lima ha tratado, desde 2012, de formar comisiones conjuntas para ver estos temas.

Lo que no parece un sabotaje y cada vez levanta más sospechas es el tema de la Caja Metropolitana de Lima (CM). La burgomaestre debe responder por las presuntas irregularidades en esta entidad financiera, que ha llegado al Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso.

 La cosa se puso peor para “Susy” cuando el lunes pasado, la Contraloría General de la República despidió al jefe del Órgano de Control Institucional de la CM (OCI), Julio Sifuentes, quien promovió estás investigaciones y respondió por ellas ante el Parlamento.

Al ser removido del cargo, Sifuentes dijo que se trata de una venganza.

Mi salida es consecuencia de haber descubierto un fraude de S/.20 millones en perjuicio de la Caja y de una confabulación en mi contra por parte de la alcaldesa Susana Villarán, el presidente del directorio José Miguel Castro y del contralor Fuad Khoury”.

El regidor metropolitano opositor Alberto Valenzuela consideró que el despido de Sifuentes es una represalia por detectar y hacer públicas la posible corrupción en esa entidad.

La Contraloría está actuando mal. Si hubo una falta, debió sancionar a Sifuentes, pero no despedirlo. Esta medida es, a todas luces, una represalia”.

La Contraloría respondió que tal despido se debió a que el exfuncionario transgredió tres normas internas relacionadas al principio de reserva de las investigaciones, refiriéndose a que declaró ante la Comisión de Fiscalización y filtró el caso a la prensa.

El congresista Mauricio Mulder consideró que el contralor Fuad Khoury debe dar explicaciones al respecto, e indicó porque está avalando un caso de corrupción debido a su “proclividad política”. Además anunció que pedirá facultades de comisión investigadora al Parlamento con el fin de indagar estos hechos a fondo.

Ahora, el caso será asumido por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Mientras tanto, Susana Villarán toma distancia y evita responder alegando que se centra en sus labores de alcaldesa.

Hay mucha perturbación que se quiere hacer en épocas electorales, (…) no hagan caso de estos temas que quieren politizar”.

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