Uno de los temas innegables del mundo político en el Perú es que no podemos escapar de la corrupción; aparentemente nadie llega al poder sin tener la necesidad de usarlo para su beneficio propio y, lo que agrava esta situación, es que no obvian la situación de que los perjudicados somos todos nosotros.

Amigo lector, no voy a contarte lo que ya has escuchado hasta el cansancio en la tele y en la radio; pero quiero ayudarte a entender lo siguiente: ¿Por qué exactamente es que nuestros queridos ex mandatorios están siendo acusados por el Ministerio Público? La respuesta es simple y penosa a la vez, porque supuestamente cometieron delitos durante el ejercicio de sus funciones como Presidentes de nuestra amada República. (Aclaro que menciono la palabra “supuestamente” porque el único que puede afirmar la culpabilidad de un acusado es el Poder Judicial, tengamos mucho respeto aun con los que no se lo merecen)

Yo sé que en este momento me estarás diciendo “¿Pero… qué delitos podrían cometer? Si lo único que al presidente le importa es velar por la democracia y el bienestar colectivo”. Luego de esto me acercaré hacia ti con expresión dubitativa (aguantando la risa por supuesto)  considerando que vivimos en países completamente distintos.

Ya, ahora sí, ¿Qué hicieron mis ex presidentes?

El crimen nace por una de actividades económicas más importantes que realiza el Estado: La contratación pública. El Estado mediante un concurso público contrata a un privado para que provea bienes y servicios, realice consultoría o ejecución de obras. Por ejemplo, las carreteras que usas para irte a la playita con tu flaca no la hizo el Estado mismo, la construyó una empresa privada que postuló y ganó una licitación.

El Estado evalúa las propuestas de las empresas privadas y deben comparar entre su experiencia, sus características técnicas y la retribución que se espera recibir; el Estado debe elegir a la empresa que esté mejor capacitada para la ejecución proyecto.

Querido lector, las empresas reciben mucho dinero (sí, mucho dinero) cuando ganan las licitaciones para la ejecución de las obras más importantes del país. Es por ello que solicitan una “ayudita” al presidente de turno para ganar el concurso y claro, el favorcito no es barato, entre Toledo, García y Humala han recibido sobornos que suman casi 29 millones de dólares. Odebrecht tomó este pago como una inversión, ya que el pago que recibió por el Gasoducto, el Metro 1 de Lima y la Carretera Interoceánica son exorbitantes.

 

 

Esta “ayudita” se llama Colusión, y es un delito conforme al Código Penal (Artículo 384° por si te interesa), en el cual se sanciona a un funcionario público (presidentes, congresistas, ministros, etcétera) que defrauda al Estado interviniendo en cualquier modalidad que se refiera a la contratación pública. Sí compare, de así considerarlo el Poder Judicial, los ex presidentes han cometido fraude por medio de la Colusión.

¿En qué nos perjudica esta situación? Nuestra ley no es opcional, la empresa que gane una licitación debe ser el resultado de un procedimiento transparente y justo ¿Estoy pidiendo demasiado? Parece que sí; el fin de la contratación pública es que la población tenga mejores servicios y obras para el desarrollo colectivo, pero créeme, los mayores beneficiados son ellos y por millones de dólares de diferencia.

 

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