¿A qué juega Falconí?

A raíz de la reciente inscripción del congresista Marco Tulio Falconí Picardo como candidato al Gobierno Regional de Arequipa, surgen varias dudas que sería interesante aclarar.

LA CONSTITUCIÓN LO PROHIBE PERO….

“El mandato legislativo es irrenunciable” dice clarito el Art. 95 de la Constitución. Lo repite el Reglamento del Congreso y la Ley 26534.

Es decir, no existe constitucionalmente ninguna razón por la que un parlamentario pueda irse voluntariamente a su casa antes de los 5 años; para hacerlo tendría que ser sancionado por algún delito, infracción constitucional o falta. Pero, tampoco podría ejercer cargo alguno.

Puede discutirse eso está bien o no, si los congresistas deberían tener derecho a renunciar como el Presidente; pero, esas son las reglas de juego. Y quien postula las sabe de memoria ¿no?

Entonces, ¿cómo o – mejor – por qué un parlamentario a mitad de su gestión decide que ya se aburrió y ya quiere irse? Habrían varias razones.

LOS ANTECEDENTES

No es la primera vez que un Congresista quiere irse. De hecho, desde el 2001 hasta ahora se han presentado 41 proyectos de ley para modificar ese artículo de la Constitución. Ninguno ha sido aprobado.

El 2006, recién sentado en su flamante curul, Aurelio Pastor (entonces Presidente de la Comisión de Constitución) reveló que varios parlamentarios se enojaron por la reducción de sus sueldos y querían que se cambie la Constitución para que pudieran irse.

Ese mismo año, el connotado jurista Javier Valle Riestra propuso que los reelegidos pudieran renunciar. El 2008, presentó su renuncia porque estaba aburrido del Parlamento.

Un año después, Javier Velásquez Quesquén planteó que pudieran renunciar quienes eran elegidos a otro cargo. Ni siquiera ser Presidente de la Comisión de Constitución le sirvió para que el Pleno apruebe su reforma constitucional.

Al final, Velásquez tuvo que desistir de su aspiración para ir a la Región Lambayeque y Valle Riestra culminó su mandato, mientras continuaba la Acción de Amparo en el Poder Judicial.

Ya en este parlamento, el aprista Elías Rodríguez resucitó el proyecto de Velásquez Quesquén y el nacionalista Teófilo Gamarra ha ido más allá, él quiere que puedan irse sin ninguna condición ni explicación.

EL PODER JUDICIAL AL RESCATE

Hasta ahora nadie ha podido contra la Constitución.  Hasta ahora, porque Falconí Picardo les ganó a todos.

El también presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ayudado por una medida judicial se ha inscrito como candidato al Gobierno Regional de Arequipa. Le ayudó que, en el 2013 el Poder Judicial emitiera una extraña sentencia y le diera la razón a Javier Valle Riestra, más de 2 años después de que ya había acabo su mandato.

Si bien la sentencia Valle Riestra no lo beneficia directamente, le abre la puerta para una Acción de Amparo. En el marco de esa acción es que le han dado medidas cautelares porque el plazo se vencía.

Pero no es la primera vez que el Poder Judicial le juega en contra al Parlamento Nacional. Ya existe un conflicto vigente entre ambos poderes por el caso Alan García.

Como recordamos todos, García Pérez – más de un año después del inicio de las investigaciones – asustado por los resultados de la “Megacomisión” recurrió al Poder Judicial para excluirse de todo. Los jueces le dieron la razón a medias y tanto él como el Congreso apelaron. El conflicto sigue en curso.

Con la nueva decisión judicial – de una jurisdicción que Falconí Picardo conoce muy bien – la pugna de poderes se incrementa. Más aún, cuando está medida cautelar no podría ejecutarse sin desestabilizar al Parlamento.

Marco Tulio Falconí, integrante de Unión Popular, preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sí, el grupo encargado de analizar las denuncias contra los más altos funcionarios del Estado (Presidente, Congresistas, Ministros, etc.) y de definir si recomienda su inhabilitación.

El grupo tiene un nutrido grupo de denuncias por resolver, entre ellas, la acusación que el Pleno aprobó contra Alan García por el caso narcoindultos y la denuncia contra Daniel Abugattás y el Presidente Humala por los aportes de la minería ilegal al Partido Nacionalista.

Ahora con su presidente en plena campaña electoral y la acción de amparo aún sin resolver ¿cómo podría funcionar la subcomisión? Si la Comisión Permanente lo reemplaza estaría aceptando la decisión judicial implícitamente y si no, Falconí no va a convocar a sesiones.

Con todo, cabe preguntarse ¿a qué apuestan el Poder Judicial y algunos sectores? ¿A terminar de desprestigiar la institución del Congreso? O es que ¿ser presidente regional es más rentable, señor Falconí?

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