Polémicas propuestas para “solucionar” el problema de la delincuencia e inseguridad

*1. Militares a las calles
Los militares han sido capacitados para intervenir en situaciones de guerra con otros países y no contra la delincuencia. Los militares no están entrenados para anticiparse a la lógica de los delincuentes comunes.
Ellos no deben resguardar el orden interno puesto que ellos solo pueden intervenir bajo Estado de Emergencia.
2. Serenos con armas
Sería muy peligroso otorgarles facultades para utilizar armas no letales al personal de serenazgo. La calidad de este servicio de seguridad varía de acuerdo a cada distrito. Hay municipios donde los serenos han cometido delitos graves, como el asesinato de una persona en San Martín de Porres en abril de este año.
3. Municipalidad declara Estado de Emergencia
Esta propuesta es más creativa, pero igualmente inviable. Las municipalidades no son competentes para declarar Estado de Emergencia. El artículo 137 de la Constitución le da dicha facultad al Presidente de la República, no a otros funcionarios públicos.
**4. ¿Pena de muerte?
En los Estados Unidos, en aquellos Estados con pena de muerte, el crimen horrendo no desaparece. Hay estudios que sostienen que se reduce. Puede ser. Pero no desaparece. ¿Por qué? porque el mal está dentro de la naturaleza humana.

*1, 2 y 3. César Bazán, coordinador del área de seguridad ciudadana del IDL
**4. Rosa María Palacios, abogada.

Ojo al Piojo - Inseguridad ciudadana

Ahondando sobre la pena de muerte

Rosa María Palacios fundamenta las razones por las que considera inviable la pena de muerte:

“¿Quién va a ordenar la pena de muerte por los delitos que se determinen en la ley? El Poder Judicial. ¿Este Poder Judicial? ¿Se imaginan el margen de error que nuestros jueces pueden tener para aplicar una pena irreversible? En sistemas judiciales mucho más consolidados que el nuestro, el estudio de la aplicación de la pena de muerte conduce siempre a encontrar un número de casos en que los ejecutados eran inocentes. ¿Se puede hacer algo? Nada. El inocente ya está muerto.

¿Quién va a ejecutar la pena? Tendríamos que crear un Centro de Ejecución dentro de los penales, con inyección letal. Es decir, un cuerpo de verdugos. Suena mal sólo de pensarlo. ¿Y a cuantos va a ejecutar al año el Estado? A muy pocos. Esto no es Asia o Medio Oriente. Los jueces demoraran sus fallos por años antes de ordenar una ejecución. Y cuando la ordenen desfilaran por los medios de comunicación los familiares reclamando inocencia o diciendo que la persona que asesinó, violó o secuestró hace 10, 15 ó 20 años ya no es la misma persona. Y habrá llantos y pedidos de clemencia e indulto.

Los mayores delitos en el Perú se han perpetrado dentro de organizaciones criminales. Terroristas y narcotraficantes son sentenciados en banda. ¿Vamos a hacer ejecuciones grupales?

En los Estados Unidos, en aquellos Estados con pena de muerte, el crimen horrendo no desaparece. Hay estudios que sostienen que se reduce. Puede ser. Pero no desaparece. ¿Por qué? porque el mal está dentro de la naturaleza humana. No se detiene al pedófilo con una futura e incierta pena de muerte. Igual abusará del niño. Está en su naturaleza hacerlo. Hay otros medios más eficaces.

 

En el Perú, para todo efecto práctico, está abolida la pena de muerte desde la Constitución de 1979. Solo se admite en un caso: traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿Hay guerra? no. Entonces, no hay pena de muerte. Se amplió en la Constitución de 1993 para terrorismo pero jamás se pudo legislar.

¿Por qué no se puede volver a instituir cómo en el pasado? Porque el Estado Peruano es signatario del Pacto de San José o Convención Interamericana de Derechos Humanos vigente para nosotros desde 1980. Este pacto obliga a los Estados a que, en materia de pena de muerte, cuando ésta es abolida parcial o totalmente, ya no se pueda restituir para esa parcialidad o totalidad.

Tendríamos que denunciar el Pacto – camino largo – y salirnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos dejando en la indefensión a miles de peruanos que ya han recurrido a él y seguirán recurriendo ante las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron – que difícil es aprender ¿no? – y seguirán ocurriendo en el Perú. No es viable. Punto. Y los demagogos lo saben bien.

(…)

¿Qué hacemos con el delincuente? Esa es la pregunta. ¿Lo metemos a un depósito de seres humanos sin derecho a nada y esperamos a que en 5, 10, 15 o 20 años salga de ahí un ciudadano? Es obvio que eso no va a suceder.
El primario, el joven, el imputado por delitos menores, muchas veces ni siquiera debería ir a prisión. Pero si va, debe ser segregado. El índice de reincidencia de primarios es bajísimo en el Perú, a pesar de las pocas medidas que se han tomado.  Ese es el camino.

Si quitas beneficios, como se ha hecho hoy para una serie de delitos, al reo – en esa cloaca humana que es un cárcel peruana – le da lo mismo portarse bien o seguir delinquiendo desde la cárcel y en la cárcel. Lo único que se logra es crear un ambiente de rebelión latente y la comisión de más delitos. No sirve para nada. Por el contrario, las medidas de beneficio incentivan la buena conducta y por correlato una inserción social correcta a largo plazo. No funcionará para todos, porque siempre habrá irreductibles, pero funcionará para la mayoría.

La pena no es un acto de venganza de la sociedad. En un acto de justicia. Y esa es la gran diferencia con el ajusticiamiento popular”.

¡Ojo al Piojo!

Lawrence Sherman, asesor principal del alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani quien solucionó los problemas de inseguridad en solo cuatro meses dijo que el robo no está asociado a la pobreza, sino a la inequidad. En países muy pobres y donde todos lo son, no hay un aumento de la delincuencia; pero donde se establece una diferencia social más grande hay un alto riesgo de que pueda existir. Ese es otro de los temas que deben atenderse para enfrentar la delincuencia.

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