Ojo al Piojo - Ley de Contrataciones - Organismos

Las perlas de la nueva Ley de Contrataciones III

Actualidad, Investigación

La nueva Ley de Contrataciones sigue dando elementos para el análisis y preocupación. En las entregas anteriores señalamos el incremento de topes para las adjudicaciones “a dedo” de menor cuantía; y los privilegios otorgados a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA “BLINDAR”

Encargar (por convenio) a organismos internacionales que adjudiquen contratos y obras para evitar la fiscalización de instancias como la Contraloría se ha vuelto una práctica común en el Perú.

En lo que va del año SEACE registra 150 procesos realizados mediante convenios y encargados a terceros. La distribución es la siguiente:

Ojo al Piojo - Ley de Contrataciones

Más de S/. 1´321,805,990.59 licitados mediante estas modalidad convenios para que terceros se hagan cargo. Algunos datos curiosos de la información consignada en el SEACE:

– La Organización Internacional de Migraciones tuvo a su cargo más de S/. 700´000,000.00. La mayoría de procesos fueron encargados por SEDAPAL.

Todos los procesos a cargo de UNOPS (entidad de Naciones Unidas para el apoyo en proyectos de desarrollo) consignan como “RESERVADO” el Valor Referencial.

– En algunos procesos a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo se ampliaron los plazos para presentación de postores, en cumplimiento de su normatividad interna.

Pero, lejos de garantizar un buen manejo de nuestros recursos, los organismos internacionales se han visto envueltos en escándalos de gran nivel como el caso petroaudios.

Y más recientemente, en el caso Ancash. Parece que César Alvarez tenía una afición por blindar sus “negociados” encargándole a la OEI los procesos de selección y contratación.

POSTURA AMBIGUA

Ojo al Piojo - Castañeda
Castañeda fue uno de los más entusiastas “clientes” de los organismos internacionales, para evitar ser fiscalizado. Fuente: Revista Contacto.

Pese a que Ollanta Humala fue uno de los principales críticos del uso de organismos internacionales para la concesión de obras públicas; la nueva ley tiene una postura ambigua que deja la puerta abierta para continuar con esta práctica.

Si bien ahora, en su artículo 5, la nueva Ley de Contrataciones señala que los convenios “de colaboración u otros de naturaleza análoga, suscritos entre Entidades, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras propios de la función que por Ley les corresponde, y no se persigan fines de lucro” – que están excluidos del cumplimiento de la norma, aunque serán supervisados por OSCE – no podrán aplicarse “para encargar la realización de las actuaciones preparatorias y/o del proceso de selección”.

El problema resulta en que, en otros segmentos de la norma se deja abierta la posibilidad. El artículo 6 – referido a quienes son responsables del proceso – dice, por ejemplo, que “Mediante convenio una Entidad puede encargar a otra Entidad las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de selección”.

Es decir, se podrá encargar las contrataciones y dichos procesos no estarán ni siquiera bajo supervisión de OSCE ni tendrá que regirse por la Ley de contrataciones.

Ojoalpiojo: Los organismos cobran porcentajes de acuerdo al monto del valor referencial del proceso que administrarán, no lo hacen gratis.

SUPEDITADOS A CONDICIONES EXTERNAS

Por otro lado, la misma norma excluye explícitamente del ámbito de supervisión y aplicación de la Ley de Contrataciones a los convenios

“(…) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones” (art. 4, inciso f))

Esta disposición no es nueva, ya estaba en la anterior ley. Pero, este gobierno la ratifica dejando fuera de control todas las contrataciones vinculadas a la ejecución de obras y proyectos en los que se cuente con financiamiento internacional.

Este inciso deja expuesto al país a una serie de requisitos y condiciones que puedan poner los organismos internacionales que aporten o financien – bajo cualquier modalidad – los proyectos. Las principales “megaobras” anunciadas por Humala en su discurso presidencial tendrán financiamiento externo y las contrataciones que se realicen en este marco quedarán libres de fiscalización y supervisión.

Pero el riesgo de este inciso va más allá de los actos de corrupción que puedan darse. Justamente, al cierre de esta edición se conoció que el Banco Mundial viene elaborando un documento que pone en riesgo los derechos de las poblaciones indígenas y avances como la Consulta Previa.

De acuerdo al pronunciamiento suscrito por una serie de organizaciones de sociedad civil del mundo – entre las que figuran varias peruanas -, la denominada cláusula “opt-out” que quiere incluir el Banco Mundial, permitiría a los gobiernos “ignorar los estándares internacionales de protección de las poblaciones indígenas”, en los proyectos que tengan financiamiento del organismo internacional. 

SIN CONTROL NI FISCALIZACIÓN

Mientras Khoury proclama que la “corrupción” lo venció, es uno de los que más utiliza a organismos internacionales para contratar sin que nadie lo fiscalice. Foto: Diario Correo.
Mientras Khoury proclama que la “corrupción” lo venció, es uno de los que más utiliza a organismos internacionales para contratar sin que nadie lo fiscalice. Foto: Diario Correo.

En agosto de 2011, la Contraloría presentó la propuesta de Ley para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control gubernamental en la administración de recursos públicos, en el marco de los convenios suscritos por entidades del Sector Público con organismos internacionales y regulación de convenios por encargo a dichos organismos”.

Entre otras cosas se establece que, para suscribirse los convenios con organismos internacionales, éstos deberían demostrar su experiencia y capacidad en la ejecución de dichas obras con anterioridad. Según la propuesta, las entidades que encarguen las obras deberán rendir cuentas y entregar la información referida al proceso de contratación realizado por organismos internacionales para fiscalización correspondiente.

La propuesta fue aprobada por la Comisión de Fiscalización en mayo de este año, pero hasta ahora no se ve en el Pleno Congreso.

Teniendo en cuenta que la Contraloría, en lo que va del año, ha encargado 47 procesos de contratación mediante convenios con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales 46 figuran en SEACE con valor referencial “RESERVADO” y uno consigna como monto US$30,000.00; se entiende por qué el Contralor no ha exigido el debate de su propuesta ni cuestionado la ambigüedad que presenta la nueva ley de contrataciones. #TODOENCAJA

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